El FMI cuestionó al Gobierno la falta de controles sobre funcionarios

El Fondo Monetario Internacional (FMI) incluyó duras observaciones sobre las políticas de transparencia y control del Gobierno de Javier Milei en el informe correspondiente a la segunda revisión del acuerdo con la Argentina, donde advirtió sobre debilidades en los mecanismos de prevención de la corrupción, la verificación de declaraciones juradas y la independencia judicial.

Las críticas fueron incorporadas en el documento técnico que acompañó la aprobación de un nuevo desembolso por 1.050 millones de dólares, pese a que la administración nacional volvió a incumplir la meta de acumulación de reservas acordada con el organismo.

Entre los principales cuestionamientos, el FMI señaló que Argentina mantiene "desafíos pendientes" en materia de lucha contra la corrupción y remarcó que el país obtuvo apenas 36 puntos sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción elaborado por Transparencia Internacional.

En el apartado dedicado a los avances institucionales recientes, el organismo sostuvo que "es necesario fortalecer los marcos anticorrupción de prevención, ya que los regímenes de declaración de activos se caracterizan por una verificación limitada, escasa transparencia, publicación tardía y aplicación desigual".

Asimismo, el reporte indicó que "las normas sobre conflictos de intereses siguen limitadas por reglas porosas y una débil capacidad de aplicación", al tiempo que manifestó preocupación por la situación del Poder Judicial. En ese sentido, advirtió que "la percepción de una independencia judicial limitada y la politización siguen siendo motivo de preocupación", señalando además demoras en causas de alto perfil y una rendición de cuentas insuficiente para funcionarios de alto rango.

El informe también remarcó la necesidad de fortalecer la independencia de los fiscales y mejorar la transparencia judicial, en línea con los estándares internacionales de gobernanza impulsados por el propio Fondo desde 2018.

Las observaciones adquieren relevancia porque representan uno de los pronunciamientos más críticos del organismo hacia la Argentina en materia institucional desde el regreso del país al financiamiento del FMI. En revisiones anteriores, el organismo había destacado avances y esfuerzos vinculados a la integridad financiera, la transparencia y la gobernanza.

En paralelo, el Gobierno nacional prorrogó hasta el 31 de julio el plazo para la presentación de declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios, que originalmente vencía a fines de mayo.

Además de las observaciones institucionales, el Fondo expresó preocupación por el aumento de la morosidad en los créditos al consumo y por la creciente dependencia de los bancos respecto de fuentes de financiamiento de corto plazo, al tiempo que alertó sobre el elevado nivel de préstamos en mora dentro del sector fintech.