La causa ANDIS suma procesamientos

La investigación por maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó nuevos avances judiciales. El juez federal Ariel Lijo amplió los procesamientos del exdirector del organismo, Diego Spagnuolo, y de otros exfuncionarios y empresarios, en una causa que investiga irregularidades en la compra de medicamentos e insumos médicos.

La resolución también dispuso el procesamiento de otras 19 personas, sin prisión preventiva, por presuntas irregularidades en las contrataciones vinculadas al Programa Incluir Salud, destinado a brindar cobertura sanitaria a titulares de pensiones no contributivas que no cuentan con obra social.

Investigan diferencias de precios por más de 7.800 millones de pesos

Según las estimaciones incorporadas al expediente, las diferencias de precios detectadas en las compras de medicamentos e insumos médicos ascienden a más de 7.833 millones de pesos. El monto reúne dos relevamientos: uno sobre medicamentos, con diferencias estimadas en casi 5.985 millones de pesos, y otro sobre insumos médicos y ortopédicos, por alrededor de 1.849 millones de pesos.

La investigación alcanza adquisiciones de prótesis, implantes auditivos, sillas de ruedas y materiales utilizados en tratamientos de traumatología, cardiología y neurología, entre otros productos destinados a la atención de personas con discapacidad.

De acuerdo con la hipótesis judicial, las presuntas maniobras habrían incluido el direccionamiento de adjudicaciones, la simulación de competencia entre proveedores y el pago de retornos a funcionarios. Las irregularidades bajo análisis se habrían desarrollado entre diciembre de 2023 y octubre de 2025.

Además de Spagnuolo, la ampliación de los procesamientos alcanza al exfuncionario Daniel Garbellini y al empresario Miguel Ángel Calvete, señalados como presuntos jefes de una asociación ilícita. Otros acusados también quedaron alcanzados por las nuevas medidas judiciales.

La causa se inició tras la difusión de audios atribuidos a Spagnuolo, que dieron lugar a denuncias sobre posibles irregularidades en el organismo. Desde entonces, la Justicia busca determinar cómo se realizaron las contrataciones, qué empresas resultaron beneficiadas y si existió un circuito de pagos ilegales.

Los procesamientos corresponden a una etapa de la investigación y no representan una condena. La responsabilidad penal de los acusados deberá establecerse a partir de las pruebas reunidas y de las decisiones judiciales posteriores.