Domingo 20 de Septiembre de 2026

Quinta presidencial

Pagano denuncia una "cortina de humo" con los despidos en Olivos

La diputada nacional descartó los rumores sobre los despidos en la residencia presidencial y reveló un entramado de contrataciones irregulares, desvío de insumos para un catering privado y sobrefacturación millonaria que involucra a la subsecretaria Belén Agudiez y a Karina Milei.

20 de Septiembre de 2026

Luego de que se conociera el desplazamiento y despido del personal civil de la Quinta de Olivos bajo la acusación oficial de supuestas filtraciones de información y robo de alimentos, la diputada nacional Marcela Pagano irrumpió con una serie de denuncias que reconfiguraron por completo la controversia.

A través de dos extensas publicaciones en la red social X, la legisladora expuso que los despidos masivos no respondieron a razones de seguridad ni a conductas infractoras del personal, sino a una maniobra deliberada para encubrir un esquema de contrataciones irregulares y negocios familiares montados en el interior de la residencia presidencial.

Según detalló Pagano, el origen del escándalo se desencadenó cuando el presidente Javier Milei resolvió echar a Osvaldo Sosa, quien se desempeñaba como intendente de la residencia y a su vez es cuñado de Belén Agudiez, la subsecretaria de Planificación General e íntima colaboradora de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Para sostener su denuncia, la diputada adjuntó dos publicaciones con documentación fotográfica como prueba, entre las que destaca una póliza de accidentes personales fechada el 1 de marzo de 2024.

La planilla muestra que Analía Agudiez contrató un seguro para su "personal de catering" teniendo como asegurado a Sosa y nombrando como beneficiarios a Mara Gorini —mano derecha de Karina Milei—, su pareja Marcelo Dionisio y a la firma Foggia Group, demostrando la directa vinculación comercial entre funcionarios nacionales y empresas privadas.

En el desglose de las irregularidades, la legisladora reveló que la cocina de la Quinta de Olivos quedó bajo el manejo directo de la propia Analía Agudiez, quien en paralelo operaba el emprendimiento privado de catering "Pancitos Caseros".

En ese sentido, Pagano cuestionó si la mercadería comprada con fondos públicos terminaba en la mesa presidencial o se desviaba a eventos privados, al tiempo que denunció maniobras de sobrefacturación mediante el uso de un jubilado en situación de vulnerabilidad para facturarle al Estado más de 600 millones de pesos como supuesto proveedor de la Presidencia.

Asimismo, la diputada amplió sus imputaciones a la privatización del servicio de jardinería en favor de un socio de la familia Agudiez y al gasto de fondos públicos en aromatizantes por sumas exorbitantes.

Finalmente, Pagano aseveró que las cesantías del personal civil y la posterior militarización de la residencia no buscaron proteger al mandatario, sino silenciar a los testigos de las maniobras y tapar la salida de Sosa.

Al concluir su exposición, la legisladora confirmó que ya presentó la documentación ante la sede judicial al remarcar que "Peculado, fraude y lavado: la Justicia ya tiene la carta", mientras advirtió que la expulsión de los trabajadores civiles respondió exclusivamente a una estrategia para imponer una cortina de humo sobre las irregularidades en la administración de la residencia presidencial.

 
 
 
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