Caso $LIBRA: una fiscalía especializada apeló el sobreseimiento de Milei

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) cuestionó el cierre de la causa que benefició al presidente Javier Milei, a su hermana Karina y a otros imputados por el lanzamiento y posterior desplome de la criptomoneda $LIBRA. El organismo, encabezado por el fiscal Sergio Rodríguez, pidió reabrir el expediente al considerar que todavía quedan medidas de prueba pendientes.

La intervención de la fiscalía especializada en hechos de corrupción se produjo luego de que el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dictara los sobreseimientos, el pasado 23 de octubre, a partir de un pedido del fiscal Eduardo Taiano.

En contraposición con ese criterio, Rodríguez consideró que el cierre de la investigación fue prematuro y sostuvo que todavía existen elementos que deben ser analizados para esclarecer las circunstancias que rodearon el lanzamiento del token que Milei promocionó en sus redes sociales el 14 de febrero de 2025.

Las pruebas que todavía reclaman investigar

Entre los aspectos que la PIA considera necesario profundizar se encuentran la trazabilidad del dinero y los movimientos financieros vinculados con la operación, las comunicaciones entre los involucrados y el contenido de los teléfonos celulares que fueron sometidos a peritajes.

También pidió avanzar sobre los posibles acuerdos económicos detrás del lanzamiento de la criptomoneda y reconstruir los vínculos, contactos y reuniones que mantuvieron los protagonistas del caso en la Casa Rosada.

Uno de los puntos centrales es la publicación que realizó Milei en su cuenta de X el 14 de febrero de 2025, mediante la cual difundió el proyecto y facilitó el acceso al activo digital. Tras una suba inicial de su cotización, el token sufrió un desplome que provocó pérdidas económicas entre numerosos inversores.

La causa busca determinar si existió una maniobra fraudulenta y si hubo responsabilidades penales vinculadas con la promoción del activo y las relaciones entre sus impulsores y el entorno presidencial.

Una nueva instancia judicial

La PIA asumió el ejercicio de la acción penal luego de un planteo del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) y del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), dos organizaciones que habían solicitado su intervención para evitar el cierre de la investigación.

Además del pedido de reapertura, el organismo presentó una apelación subsidiaria. Esto significa que, si el juzgado rechaza su planteo, la discusión podrá trasladarse a la Cámara Federal para que revise la decisión de sobreseer a los investigados.

De esta manera, el expediente suma una nueva instancia de revisión judicial, una semana después de que el Gobierno celebrara públicamente el cierre de la causa. La discusión sobre el alcance de las pruebas pendientes y las responsabilidades por el lanzamiento de $LIBRA permanece abierta en los tribunales.