Diputados aprobó el Super RIGI

La Cámara de Diputados dio este miércoles media sanción a dos iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional: el acuerdo para cancelar una deuda de 171 millones de dólares con los fondos Attestor y Brainbridge, conocidos por no haber ingresado a los canjes de deuda de 2005 y 2010, y una nueva versión ampliada del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), denominado por sus impulsores como “Súper RIGI”.

El proyecto para autorizar el pago a los denominados fondos buitre fue aprobado por 138 votos a favor y 98 en contra. El oficialismo contó con el respaldo del PRO, la UCR, el MID y distintos bloques provinciales, además de legisladores vinculados a gobernadores como Gustavo Sáenz, Osvaldo Jaldo, Marcelo Orrego y Martín Llaryora.

En rechazo a la iniciativa se pronunciaron Unión por la Patria, la izquierda y algunos diputados de bloques dialoguistas, entre ellos Miguel Pichetto, Natalia de la Sota y Marcela Pagano.

Durante el debate se registraron fuertes cruces entre oficialistas y opositores. El diputado libertario Bertie Benegas Lynch defendió el acuerdo y sostuvo que la aprobación resulta urgente debido a que la prórroga vigente vence el próximo 30 de junio. Además, aseguró que la negociación permitió obtener una quita del 30 por ciento sobre la deuda reclamada y evitar nuevos litigios judiciales.

Desde la oposición, el diputado Itai Hagman cuestionó la medida y afirmó que el objetivo del Gobierno es reducir el riesgo país para volver a tomar deuda en los mercados internacionales. En la misma línea, Miguel Pichetto advirtió sobre la falta de asignación presupuestaria específica para afrontar el pago, mientras que la formoseña Graciela de la Rosa vinculó la iniciativa con un nuevo ciclo de endeudamiento externo.

Por otra parte, la Cámara baja también aprobó el denominado Súper RIGI, que obtuvo media sanción con 130 votos afirmativos, 105 negativos y siete abstenciones.

La propuesta amplía los beneficios previstos en el régimen de promoción de inversiones aprobado junto a la Ley Bases y apunta a incentivar grandes desembolsos de capital en sectores estratégicos. Entre otras ventajas, contempla beneficios fiscales, exenciones impositivas y estímulos para proyectos vinculados al desarrollo tecnológico y científico.

Las principales críticas de la oposición estuvieron centradas en los amplios beneficios tributarios otorgados a las empresas. El diputado Maximiliano Ferraro sostuvo que se trata de un régimen de excepción sin antecedentes recientes y cuestionó el alcance de los incentivos previstos en la iniciativa.

Ambos proyectos deberán ahora ser tratados por el Senado para completar su recorrido legislativo.