El Senado aprobó la reforma laboral y el Gobierno va por el nuevo Régimen Penal Juvenim

El Senado de la Nación aprobó durante la madrugada de este jueves la Reforma Laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei, que ahora será girada a la Cámara de Diputados para su sanción definitiva.

La iniciativa, uno de los principales bastiones del oficialismo, se votó con 42 votos a favor y 30 en contra.

La votación contó con el respaldo de legisladores de La Libertad Avanza (LLA), el radicalismo, el PRO y varios bloques provinciales como Independencia, Frente Social de la Concordia, Despierta Chubut, Primero los Salteños, Provincias Unidas, Frente Cívico y La Neuquinidad.

Por su parte, los 30 votos en contra fueron aportados por el interbloque del peronismo, integrado por el bloque Justicialista, Convicción Federal y el Frente Cívico de Santiago del Estero, junto a dos legisladores de Santa Cruz.

El proyecto, que se debatió en particular hasta cerca de las 4 de la madrugada, contempla una serie de cambio, incluyendo la reducción de cargas impositivas para las empresas, topes a las indemnizaciones por despido, la creación del Banco de Horas y la habilitación de convenios por empresa. Además, establece límites al derecho de huelga en sectores declarados esenciales o trascendentales.

Régimen Penal Juvenil

Por otro lado, la Cámara de Diputados de la Nación comenzó a tratar el nuevo Régimen Penal Juvenil luego de conseguir el quórum necesario minutos después de las 11.

Además, en el recinto también debe tratarse la ratificación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.

Luego de distintas negociaciones, el pleno debatirá este jueves el dictamen de mayoría firmado por los bloques de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Provincias Unidas, Innovación Federal, Independencia, Producción y Trabajo y el MID.

Esa iniciativa fue rechazada de plano por Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, que, además de no acompañar el proyecto, criticaron duramente la normativa.

El punto central del proyecto es la baja de la edad de imputabilidad a 14 años, con un régimen especial de minoridad propuesto por el oficialismo que contempla un abanico de sanciones o castigos alternativos a las penas privativas de la libertad.

Asimismo, se establece que los menores no deben mezclarse con los adultos en los lugares de reclusión y se incluyen medidas complementarias de resocialización.

En otro orden, en delitos con condenas menores a 3 años se descartan penas de prisión, mientras que, en aquellos casos entre 3 y 10 años por delitos que no hayan ocasionado la muerte o lesiones graves, se priorizan otro tipo de sanciones con un enfoque social y educativo.